La historia de la navegación muestra que la piratería no ha tenido siempre el mismo trato. Los piratas o corsarios fueron considerados cómplices o agentes de la autoridad real, pues la captura de una nave hostil era considerada una victoria naval y el pirata, como premio, retenía el botín. La institución del corso dio cobertura a verdaderos actos de piratería, pues no sólo las naves reales estaban legitimadas para apropiarse de pabellones enemigos...
Sin embargo, la piratería marítima internacional presenta aspectos singulares, derivados del lugar en que se comete el delito. Concretamente, cómo aplicar los dos ejes de la lucha contra la criminalidad; es decir, la prevención y la reparación. ¿Son los pescadores españoles, los turistas franceses, o los cargueros alemanes, saqueados por piratas somalíes en el Golfo de Adén, los causantes de la pobreza extrema y la guerra que, según algunos, explica o justifica, los actos de piratería? ¿Son legítimos los actos de policía que practican esas 35 fragatas y navíos de guerra en aguas internacionales? ¿Quién garantiza el cumplimiento de la ley en mares no sometidos a la jurisdicción estatal? ¿Acaso la libertad de navegación en alta mar y la protección de personas y bienes es un mero formalismo? Y una vez cometido el delito y detenidos los piratas ¿qué Estado y qué Tribunales son competentes para juzgarles? ¿Existe una jurisdicción internacional? Y, por último, ¿conforme a qué legislación han de ser juzgados los piratas que actúan en aguas internacionales?
La reciente experiencia ha mostrado la existencia de criterios discrepantes a la hora de encontrar una solución.:
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